Fue el Estado peruano el que, años antes de que Sendero Luminoso iniciara sus acciones criminales, hizo de la práctica de la tortura algo cotidiano, y se unió al Plan Cóndor para desaparecer personas.
Fue el Estado peruano el que, a inicios de la guerra contra Sendero Luminoso, abandonó a su suerte a la población civil de Ayacucho, replegando a las fuerzas policiales hacia Huamanga.
Fue el Estado el que ordenó intervenir a las Fuerzas Armadas en Ayacucho, a sabiendas de que su intervención ocasionaría un baño de sangre, cosa que incluso los militares habían advertido.
Fue el Estado el que, a falta de una estrategia coherente y eficaz, organizó campos de concentración, grupos de aniquilamiento y arrasamientos de comunidades, combatiendo al terror con el terror.
Fue el Estado el que impuso un cordón informativo tras la matanza de Uchuraccay, impidiendo a la prensa y a los organismos de derechos humanos saber (y denunciar) lo que estaba ocurriendo.
Fue el Estado el que opuso a la doctrina senderista de la “cuota de sangre” la doctrina del “costo social necesario”. En ambos casos, se trataba de ganar la guerra mediante el terror sistemático.
Fue el Estado el responsable de que la gran mayoría de las matanzas de Sendero Luminoso hayan quedado impunes. El arrasamiento de Oreja de Perro, el genocidio contra los asháninkas, entre otros crímenes gravísimos, no han sido sancionados.
Fue el Estado el que organizó y promovió las acciones de escuadrones de la muerte como Rodrigo Franco y Colina.
Fue el Estado el que, una vez derrotados Sendero Luminoso y el MRTA, mantuvo sus métodos represivos y la infiltración de los servicios de inteligencia en las instituciones.
Fue el Estado el organizador de la esterilización forzada y masiva de centenares de miles de mujeres, probablemente el mayor acto de genocidio desde la conquista española.
Fue el Estado el que promovió activamente la impunidad de sus propios crímenes, ocultando a los responsables, ascendiéndolos a la categoría de héroes, promoviendo leyes de amnistía e indultos.
Fue el Estado el que aprovechó la situación de guerra para deslegitimar las protestas sociales y las posturas radicales, llámense comunistas, socialistas, marxistas, anarquistas o simplemente, de “izquierda”.
Fue el Estado el que satanizó a los organismos de derechos humanos, el que negó las desapariciones y los asesinatos, para luego cooptar a las ONGs con los espejismos de la Comisión de la Verdad o el Museo de la Memoria.
Fue el Estado el que creó y manipuló a la CVR, a sabiendas que sus conclusiones y recomendaciones irían a parar al tacho de basura antes que se secara la tinta en que se imprimió su Informe Final.
Fue el Estado el que violó sus promesas y sus compromisos con las víctimas de la guerra, el que desacató repetidamente sentencias internacionales, el que hizo del investigar sus propios crímenes parte de la normalidad.
Fue el Estado el que negó y niega que la guerra fue una guerra, prefiriendo hablar de la “época del terrorismo” sin decir, por supuesto, que también hubo un terrorismo de Estado.
Y, finalmente, fue el Estado el que por sí y ante sí cerró un proceso de reparaciones que ni siquiera había empezado cabalmente, más allá de la creación de una burocracia sin recursos suficientes para funcionar.
Todo esto fue hecho por un Estado que afirma a la persona humana como su fin supremo. Sin embargo, Salomón Lerner, Jorge Bruce, Rocío Silva Santisteban, Martín Tanaka y otros pensadores mediáticos nos quieren hacer creer que el enemigo público número 1, la gran amenaza contra la memoria histórica y los derechos humanos, viene de los neosenderistas del MOVADEF. Pobres almas, pobrecitas.
